“Este Organismo considera que el Estado, por conducto de sus autoridades, se encuentra obligado a garantizar la satisfacción de las necesidades y demandas de diversos sectores de la población, a efecto de prevenir violaciones a derechos humanos y asegurar su protección, respeto y promoción”.
Destacó el comunicado que la CEDH hace un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, conforme a sus competencias, a adoptar las medidas necesarias para investigar, detectar y atender el caso suscitado en el albergue la Sagrada Familia A.C., de la ciudad de Apizaco, a la brevedad posible, sobre la base de determinar los conflictos e intereses de los vecinos en la presunta autoría de la edificación de un muro en la tercera privada de Álvaro Obregón, del municipio de Apizaco, así como la situación del referido albergue respecto a al acceso a este, por parte de los migrantes.
“Este organismo no se opone al debido ejercicio de los derechos de los vecinos, ni de los derechos y acciones del albergue, pero los exhorta a conducirse en un marco de legalidad y de respeto a los derechos humanos, para que no se impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de ellos y de la población migrante en situación de vulnerabilidad”.
Asimismo consideraron que cualquier conducta discriminatoria, debe ser juzgada bajo los procedimientos de Estado de Derecho, además de que toda aquella persona que cometa actos discriminatorios en términos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Tlaxcala, debe ser juzgada de acuerdo con la ley.