Se trata de ríos y pozos que sobrepasan límites establecidos para el consumo humano
En 25 estados del país, algunos ríos y pozos de agua para consumo humano sobrepasan los límites de contaminación de plomo y mercurio, lo que podría poner en riesgo la salud de quienes la utilizan.
Desde principios de la actual administración, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) conoce de 219 pozos y ríos que rebasan los límites de contaminación, pero el gobierno no ha proporcionado los fondos suficientes para implementar acciones o conocer el riesgo para los usuarios del agua.
Un análisis de la Red Nacional de Medición de Calidad de Agua (Renameca) precisa los pozos y ríos se encuentran en Guanajuato, Nuevo León, Durango, Sonora, Nayarit, Hidalgo, Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán, Veracruz, Aguascalientes, Baja California Sur, Estado de México, Morelos, Sinaloa, Campeche, Chihuahua, Colima, Querétaro, Puebla, Zacatecas, Tamaulipas, Jalisco, Baja California y Oaxaca.
Esas aguas tienen contaminación con plomo o mercurio por arriba del límite establecido para consumo humano, lo cual podría tener consecuencias severas cuando ingresan al cuerpo por ingesta directa o por alimentos contaminados, indica la Conagua.
El análisis resalta que los ríos adulterados con plomo son el Parral y Santa María, en Chihuahua; ríos Sextin, Suchil, Nombre de Dios y Arroyo Guanacevie, en Durango; río Turbio, en Guanajuato; la presa Melchor Ocampo, en Michoacán, y Arroyo La Joya, en Zacatecas.
Uno de los pozos con alta contaminación de mercurio es el conocido como Rancho La Palapa, en el municipio General Zuazua, Nuevo León. Con ese metal también están contaminados 47 ríos y arroyos, de los cuales resaltan seis cuerpos de agua en Veracruz y cinco de Oaxaca que pasan por 17 municipios de esas entidades.
En tanto, 52 por ciento de los sitios con plomo por arrima del límite establecido están en Durango, Guanajuato, Sonora, Hidalgo y San Luis Potosí, todos ellos con tradición minera.
Sin embargo, la Conagua advierte que después de esos análisis “en este momento no cuenta con recursos económicos suficientes para la realización de los estudios que permitan diseñar acciones para el caso de que efectivamente se determinen riesgos a los usuarios por el uso de dichas aguas”.