Ningún regidor logró comprobar su trabajo a los ciudadanos: OFS

Hay más de 2 mil observaciones por daño patrimonial del recurso de 2019



Por incurrir en gastos improcedentes, por falta de bienes y hasta por el pago de obras inexistentes, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) mantiene activas 2 mil 324 observaciones como probables generadoras de daño patrimonial en contra de autoridades municipales, estatales y organismos autónomos.


Además, el OFS ha presentado 87 denuncias penales por probable desvío de fondos o daño patrimonial contra ex servidores públicos y servidores públicos por daños patrimoniales causados a la hacienda pública o al patrimonio de los entes fiscalizables.


De paso, el informe da cuenta del alto nivel de incumplimiento de funciones en los que incurren los integrantes de los cabildos, en especial, los regidores.


Lo anterior se desprende del informe de resultados de la fiscalización de la cuenta pública del año 2019 que presentó la titular del OFS, Isabel Maldonado Textle al Poder Legislativo, datos que servirán para la dictaminación de los estados financieros.


Dicho informe detalla que el OFS emitió 732 pliegos de observaciones a los 107 entes fiscalizables, de las que se desprenden 16 mil 216 observaciones, de las cuales 9 mil 928 fueron solventadas y 6 mil 288 quedaron pendientes de aclarar.


De ese total, los municipios son los que tienen mayores imputaciones por solventar , con un total de 4 mil 834, seguidos de las entidades paraestatales con mil 87 casos, mientras que los poderes acumularon 236, amén de que los organismos autónomos tienen 101 casos y las Comisiones de Agua Potable solo 30.


Sin embargo, de ese total, 2 mil 324 observaciones son por probable daño patrimonial, que sin bien no informó el monto que éstas representan, si cuáles son las conductas imputadas como irregulares, que son por gastos pagados sin documentación comprobatoria; pago de gastos improcedentes; gastos en exceso; pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación en los fines del ente; utilización de recursos en fines distintos a los autorizados: recursos públicos faltantes; faltante de bienes muebles; volúmenes de obra pagados no ejecutados y conceptos de obra pagados no ejecutados.


Todos estos casos deberán ser analizados por los diputados locales, quienes, en su momento, tendrán que emitir el fallo respecto a la aprobación o no de las cuentas públicas de los 107 entes fiscalizables.


En el informe, un apartado especial es respecto al cumplimiento de las funciones de los integrantes de cabildo, en el que se advierte que ninguno de los 350 regidores que integran los 60 municipios del estado logró comprobar el resultado de su trabajo en beneficio de sus gobernados.


En el documento se advierte que “en 35 municipios no se acreditó la presentación de ninguna propuesta realizada por los regidores en las sesiones de cabildo y en las comisiones instaladas y en 25 municipios se informó la presentación de propuestas relacionadas con las comisiones instaladas; sin embargo, no se acreditaron dichas propuestas, ni sus resultados”.


Además se “observó que los ayuntamientos tienen un nivel de cumplimiento en la celebración de sesiones ordinarias de sólo el 41.3 por ciento en promedio, mientras que sólo 5 municipios cumplen del 80 por ciento al 100 ciento; 9 municipios tuvieron cumplimiento del 51 por ciento a 79 por ciento y los 46 municipios restantes tienen nivel menor al 50 por ciento”.


Aunado a lo anterior, “en todos los casos, la instalación y funcionamiento de las comisiones municipales se dio sin lineamientos que las regulen”.


Es de citar que la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en su artículo 45 establece que son obligaciones de los regidores: asistir a las sesiones de cabildo con voz y voto; representar los intereses de la población; proponer al Ayuntamiento medidas para el mejoramiento de los servicios municipales; vigilar y controlar los ramos de la administración que les encomiende el Ayuntamiento e informar a éste de sus gestiones, desempeñar las comisiones que el Ayuntamiento les encargue e informar de sus resultados.


Además de concurrir a las ceremonias cívicas y demás actos oficiales, guardar respeto en el recinto oficial durante las sesiones y en cualquier acto público al que asistan con motivo de sus funciones. Las peticiones las formularán con respeto las demás que les otorguen las leyes.


La ley también establece que los regidores tienen la obligación de formar parte de las comisiones de asesoría permanentes o transitorias para el buen desempeño de sus funciones, así por ejemplo se encuentra la de Hacienda que entre sus funciones se encuentra: elaborar los proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos, y el Presupuesto de Egresos del ayuntamiento, en coordinación con las dependencias y entidades municipales.


Sin embargo, en muchos de los casos se incumplen con esas obligaciones y disposiciones.
Respecto a los procesos jurisdiccionales, Maldonado Textle detalló que desde 2016, el OFS ha presentado 87 denuncias penales por actos y omisiones que atentan contra la hacienda pública o los bienes y patrimonio público.

Estas denuncias han sido promovidas ante la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con 51 denuncias, a la Fiscalía General de la República, con 34 expedientes y dos ante la extinta Procuraduría General de la República.


Con esta información, los integrantes de la LXIII legislatura local inician con el proceso de dictaminación de las cuentas públicas del año 2019.



Con información de La Jornada de Oriente 

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