La industria de armas de Estados Unidos aseguró que la demanda de México contra empresas del giro es una afrenta contra la soberanía estadounidense

 Demanda contra empresas de armas es una “afrenta a la soberanía de EE.UU.”, acusa industria


La industria de armas de Estados Unidos aseguró que la demanda de México contra empresas del giro es una afrenta contra la soberanía estadounidense


La Asociación Industrial del Comercio de Armas de Fuego de Estados Unidos (NSSF) manifestó su rechazo a las acusaciones que México hizo en contra de los fabricantes de armamento por presuntas “prácticas comerciales negligentes“.


Por medio de un comunicado, el organismo aseguró que todas las armas de fuego se comercializan en Estados Unidos de acuerdo con las leyes federales y estatales, con una verificación de antecedentes del FBI y el llenado de formularios.

El directivo del colectivo manifestó que el crimen en México es resultado del tráfico de drogas, la trata de personas y los cárteles, mismos que hacen uso delictivo de las armas de fuego importadas de manera ilegal o robadas a las fuerzas estatales o federales.

Keane acusó que la demanda representa “una afrenta a la soberanía de los Estados Unidos y una amenaza a los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses respetuosos de la ley a poseer y portar armas. Un derecho denegado al pueblo mexicano que no puede defenderse de los cárteles”.


El Gobierno de México demandó a un grupo de empresas de armas de Estados Unidos acusándolas de llevar a cabo prácticas comerciales y negligencias que facilitan el tráfico ilícito que ha profundizado la violencia en México.

“Se ha presentado la demanda en contra del comercio negligente e ilícito de armas en Estados Unidos, comercio que nos causa un daño directo”, aseguró en conferencia de prensa el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio Alcántara.


En la demanda se alega que Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras, sabían que sus prácticas $ generaban daño al país, por lo que se exige una compensación económica.

También se exige que las empresas llevan a cabo un monitoreo de sus armas, así como la incorporación de mecanismos de seguridad, entre otras acciones.


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