El caso es tan desgarrador que seguramente ya habrán leído al respecto. Con apenas 23 años, José Eduardo Ravelo Echevarría, alias “el Güero”, migro de Veracruz a la ciudad de Mérida, Yucatán, buscando oportunidades laborales que le permitieran mejorar su calidad de vida y la de su familia.
Caminando por el parque de San Juan, el pasado 21 de julio al rededor de las 10 de la mañana, fue detenido de forma arbitraria por elementos de la Policía Municipal. Estos le interrogaron aludiendo que se veía “sospechoso” y, pese a contestar las preguntas y colaborar con ellos, lo esposaron y subieron a la patrulla, lugar donde lo molieron a golpes y lo violaron colectivamente. Lo cambiaron de vehículo, lo bajaron a un cuarto y lo volvieron a violar.
El joven llamó a su madre y le narró los hechos. Alertada por la noticia, juntó apenas el dinero suficiente para trasladarse a Mérida y encontrar a su hijo. Una vez con él, se trasladaron al Hospital General “Agustín O’Horán”, lugar donde el médico que atendió el caso volvió a violentar a José Eduardo preguntándole si era gay. Al enfrentarlo la madre, el médico respondió que hizo la pregunta porque “a lo mejor lo confundieron con una mujer”.
Se trasladaron a la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) y presentaron una denuncia. Un médico legista confirmó la agresión sexual y las agresiones físicas, y volvieron a trasladarlo al O´Horan. Ahí se confirmo que además tenía un pulmón perforado , 3 Días después falleció a causa de “un síndrome de disfunción orgánica múltiple, debido a un politraumatismo es decir, su muerte ocurrió a consecuencia de los golpes”.
Impresionante resulto para la ciudadanía el presenciar el féretro del güero frente al palacio de gobierno con su madre llorando y clamando justicia, esperando la respuesta de las autoridades.
La denuncia por homicidio ya esta en la Fiscalía y los presuntos responsables se encuentran en arresto.
Sin embargo, minutos antes de que esto se diera a conocer, y pese a que el joven José Eduardo diera especifico testimonio antes de fallecer contando lo ocurrido a manos de los elementos policiales del municipal, el alcalde Renan Barrera Concha subió un vídeo condenando estos hechos los cuales dijo ocurrieron “en extrañas circunstancias”. Asegura se luchará por el esclarecimiento de las circunstancias y causas de la muerte del güero, lo señala como un hecho aislado y promete aplicar todo el peso de la ley a quienes resulten responsables
Como podemos ver, a José Eduardo se le siguió infligiendo violencia institucional hasta después de su muerte, pues no pudiera llamar de otra forma a que la autoridad municipal dude del testimonio de una víctima de tortura y violencia sexual.
¿Hecho aislado? Por supuesto que no.
El mismo medio que menciono anteriormente, Informe Fracto, ya ha comunicado en pasadas ediciones que “del 2018 al 2020 en Yucatán fallecieron 22 personas que se encontraban detenidas o en custodia de uniformados municipales o estatales.”
Igual que denunciaron que “el año pasado, 16 trabajadoras sexuales presentaron un amparo contra la Policía Municipal meridana, pues frecuentemente eran víctimas de detenciones arbitrarias, persecución, amenazas, extorsión, hostigamiento, robo e incluso actos que podrían ser considerados como tortura por parte de los elementos de seguridad, quienes se escudaban en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de la ciudad para criminalizar la mencionada labor.”
A esto se suma que “de acuerdo con la CODHEY, durante el 2020 fallecieron diez personas mientras se encontraban bajo custodia policial. Fue la cifra más alta registrada desde el 2018.”
Por su parte, el gobernador Mauricio Vila Dosal ha comunicado en su cuenta de Facebook que “los policías municipales presuntos responsables de este crimen ya fueron capturados y aplicaremos la Ley hasta las últimas consecuencias.”, asegurando que “en nuestro estado no hay espacio para la impunidad y se hará justicia con todo el peso de la ley.”.
Esta respuesta me parece correcta, sin embargo, no es suficiente. En caso de violación a los Derechos Humanos el estado tiene obligaciones especificas: investigar y sancionar, pero también prevenir y reparar. Este último punto es importante pues la reparación debe ser integral, y para que esto pase una de las cosas que debe haber es la NO REPETICIÓN.
Para que estas dos últimas obligaciones se cumplan, PREVENIR y REPARAR, el estado tiene que, además de dar justicia, asegurar que no vuelvan a ocurrir, entendiendo que los actos ocurridos son parte de una problemática social muy profunda que requiere una transformación estructural. Recordemos que la violación no es un acto sexual, si no de ejercicio del poder y dominación, es un tipo de violencia que se debe entender en el marco de un país y estado misóginos, xenofóbicos y clasistas con altos indices de violencia sexual. Si, a los hombres también los violan, otros hombres. Por ello, la PERSPECTIVA DE GÉNERO también tiene que ser aplicada.
En consecuencia, hago sumar estás exigencias al ejecutivo estatal y municipal:
* CAPACITACIÓN PERMANENTE Y OBLIGATORIA a todo cuerpo policiaco estatal y municipal en materia de Derechos Humanos, No Discriminación, Perspectiva de Género y Protocolos de actuación para con la ciudadanía.
* Atención psicológica al cuerpo policiaco estatal y municipal, para atención voluntaria y obligatoria en casos específicos. La salud psicológica y emocional de quienes tienen la obligación de cuidarnos es importante, pues ayuda a prevenir este tipo de atrocidades, ya sea por detectar a tiempo o brindar ayuda oportuna a un posible delincuente que se encuentre en las fuerzas policiacas.
Solo de esa forma se puede empezar el camino para restituir la confianza ciudadana en la policía, de otra forma, continuaremos marchando y exigiendo, gritando y rayando, ¡La policía no me cuida! ¡Me cuidan mis amigas! ¡Me cuida mi familia! ¡Me cuida la ciudadanía!