Pasan examen, investigados por corruptos
Ciudad de México.- El exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, fue detenido el 27 de marzo de 2017 en San Diego, California, acusado de participar en una conspiración internacional de fabricación y distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana, para la importación de drogas ilegales de México a Estados Unidos, pero apenas un año antes, en febrero de 2016, en México se le extendía su acreditación aprobatoria de los exámenes de control de confianza.
Mientras en Estados Unidos se le armaba el expediente, en México, el encargado de procurar justicia era avalado en las pruebas diseñadas para detectar elementos corruptos.
Aunque el exfiscal tomó el cargo en febrero de 2013, el único registro que se tiene de los exámenes de la Fiscalía General de la República (FGR) es el de 2016, de acuerdo con un par de solicitudes de información.
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En septiembre de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo sentenció a 20 años de prisión y le impuso una multa de un millón de dólares.
En el comunicado oficial, se informó que el exfiscal usó su posición gubernamental para ayudar al crimen organizado a cambio de sobornos mensuales, incluso, en el encubrimiento de asesinatos del narcotráfico.
Veytia no sólo ayudó a los cárteles de la droga, sino que impuso un modelo de extorsión sistémico que fue documentado por un mecanismo llamado Comisión de la Verdad al terminar el gobierno de Roberto Sandoval, actualmente preso, acusado de delitos asociados a la corrupción.
Gerardo Montoya Barajas fue una de las víctimas. Cuenta que el 24 de junio de 2013, unos hombres armados lo detuvieron y lo llevaron a la fiscalía de Nayarit. Lo introdujeron a la oficina de Veytia y éste le pidió un millón de pesos a cambio de su libertad.
No hubo explicaciones de por medio. Su esposa tuvo que ir por las escrituras de una casa que tenían en Bahía de Banderas, y ese mismo día ceder los derechos ante un notario. A Gerardo no le han regresado ese hogar ni le han dado la reparación del daño.
Aprobados, pero cuestionados
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promulgada en 2009, establece la certificación de las bases y mandos policiacos mexicanos.
Las nuevas pruebas requirieron una estructura de organización, por eso se creó el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, y en cada estado de la República, un Centro de Evaluación y Control de Confianza.
Las evaluaciones califican la situación médica, toxicológica, sicológica, poligráfica y el entorno socioeconómico.
El examen busca que los cargos sean ocupados por las personas idóneas. Sin embargo, no en todos los casos ha sido así.
Además de Veytia, existen funcionarios que aprobaron las pruebas de control de confianza y han sido acusados pública o legalmente de tolerar la tortura, de cometer violaciones graves a los derechos humanos, de abuso de autoridad y de no investigar feminicidios, entre otros.
Aunque se consultó un par de solicitudes de información, el trabajo se basa en la última y más actualizada de ellas. En esta se pueden leer los resultados de control de confianza de 175 mandos de seguridad de los 31 estados y de la Ciudad de México. Del total, 172 aprobaron y sólo tres reprobaron en el periodo de enero de 2015 a mayo de 2020.
El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, es uno de los personajes de seguridad más cuestionados en México en materia de derechos humanos. Es la segunda ocasión que asume la titularidad del Ministerio Público local, primero lo hizo de 2000 a 2005, en los gobiernos panistas de Alberto Cárdenas y Francisco Ramírez, y de nueva cuenta con el actual gobierno de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano. Pese a tener un historial criticado por defensores de derechos humanos, Solís realizó sus exámenes de control de confianza y los aprobó en enero de 2019.
Uno de los episodios que más se recuerdan de su primera titularidad fue la represión a manifestantes en contra de los acuerdos de la Tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, realizada en mayo de 2004, en Guadalajara, Jalisco. Las acciones de prevención y procuración de justicia derivaron en más de 70 personas incomunicadas y retenidas ilegalmente, más de 50 sometidas a tratos crueles o degradantes y a 19 se les torturó, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El 5 de mayo de 2020, policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos golpearon y dejaron sin vida al joven Giovanni López, lo que desató una serie de protestas en la fiscalía de Jalisco. Policías de la institución vestidos de civiles, algunos con palos en las manos, detuvieron y reprimieron a manifestantes.
La codirectora de la organización civil Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Denisse Montiel, menciona que en un informe contra la tortura que realizaron en el periodo de 2000 a 2005, se documentaron 640 quejas ante el órgano local de Derechos Humanos por parte de elementos de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, la mayoría dentro del periodo de Solís Gómez. “Y con esta impunidad llega nuevamente a fungir como titular de la misma corporación, ahora bajo otra estructura y bajo otro nombre, Fiscalía del Estado de Jalisco, y vemos cómo el año pasado, en junio, se vuelven a repetir esta represión y comisión de graves violaciones a derechos humanos”, dice.
La fiscalía de Jalisco fue consultada sobre estos hechos y envió un comunicado donde aseguró que la entonces Procuraduría General de Justicia no participó en los operativos de mayo de 2004, por lo que el actuar de la dependencia se concretó a recibir a quienes fueron detenidos por las policías preventivas y el Estado Mayor Presidencial.
Sobre las manifestaciones de junio de 2020, donde participaron policías de investigación, se afirmó que actuaron “por su propia cuenta”, y contrariando las órdenes de sus mandos, lo que más tarde culminó en detenciones. Se dijo que el fiscal siempre ha actuado apegado a derecho.
Pero los fiscales de Nayarit y Jalisco no son los únicos cuestionados. Entre los que pasaron los exámenes de control de confianza está el exsubsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta.
Aprobó en febrero de 2016. Sin embargo, también fue titular de la Policía Federal Ministerial durante la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Por este caso se libró una orden de aprehensión en su contra, y él mismo se entregó en septiembre de 2020, según informó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
En noviembre de 2017 también aprobó los exámenes Álvaro Sánchez Valdez, que se postuló como subsecretario de operación policial zona sur de la Ciudad de México. Desde el 16 de diciembre de 2020, Sánchez era parte del equipo de la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero el 26 de marzo pasado fue separado del cargo por presuntamente ser responsable de abuso de autoridad y actos violatorios de derechos humanos mientras fue jefe de granaderos e integrante de la policía capitalina.
Se intentó localizar a todos los mencionados, pero a la mayoría no fue posible contactarlos.