La magistrada del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), Claudia Salvador Ángel, reconoció que si bien en México se han hecho esfuerzos legislativos e institucionales para tratar de eliminar todo intento de violencia política en contra de las mujeres, estos esfuerzos aún son insuficientes porque quienes toman decisiones no tienen voluntad política para garantizar la protección de los derechos de las féminas.
“De poco o de nada sirve una ley o una instancia pública si quienes toman decisiones en ellas no tienen voluntad política para garantizar la protección de los derechos de las mujeres, resultando entonces que la fuente principal de la violencia política se haya en las instituciones obligadas a evitarla, ya sea porque cometen de forma directa dicha violencia o porque al resolver quejas contra otras instancias perpetradoras evitan sancionar a éstas con base en una errónea interpretación de la ley”, subrayó.
Durante su participación en el Conservatorio sobre Violencia Política organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la magistrada electoral subrayó que la violencia política en contra de las mujeres es más observable en épocas electorales, pero dijo que existe en la misma medida o en mayor grado en la cotidianeidad del ejercicio de las funciones públicas, “donde muchas mujeres sufren hostigamiento sexual o laboral, restricción de acceso a sus funciones, desigualdad salarial, aislamiento político, ocultamiento de información, exclusión en la toma de decisiones y otras conductas que pretenden marginarlas dentro de las tareas institucionales, sin más razón que por el simple hecho de ser mujer”.
Salvador Ángel subrayó que la sanción a la violencia política en contra de las mujeres representa un avance en la legislación mexicana, pero precisó que su efectividad deberá pasar por el escrutinio de su aplicación en el proceso electoral vigente, tras el cual –consideró- seguramente se exhibirán sus insuficiencias, las que a su vez deberán ser consideradas por el Legislativo para una próxima reforma al marco jurídico.