La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación para castigar a quien tome casetas
La tarde de este martes 15 de diciembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación para castigar con hasta siete años de prisión a quienes incurran en la toma de casetas en carreteras con fines de lucro.
Además de aplicar una sanción que va de tres meses a siete años de cárcel, también se impondrá una multa de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, podrían ser acreedores a un pago de 86 mil 880 pesos.
La reforma fue aprobada en lo general con un total de 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones, el cual contempla una modificación al artículo 533 y se adiciona el 533 Bis a la Ley de Vías Generales de Comunicación.
“A quiénes en el ejercicio de la conducta establecida en el artículo anterior obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulan en las vías generales de comunicación serán sancionados con seis meses a siete años de prisión y multa de 750 a mil Unidades de Medida y Actualización vigentes”, se menciona en el dictamen.
Sin embargo, se prevé aumentar de dos a nueve años de prisión la pena máxima para quien dañe, perjudique o destruya las vías generales de comunicación o los medios de transporte interrumpa la prestación del servicio u operación de las vías generales comunicación o restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulan por éstas.
Asimismo, se les aplicará una multa de 200 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, durante 2019 y lo que va del 2020, se registraron pérdidas sectoriales cercanas a los 7 mil millones de pesos.
Mientras que los bloqueos en las vías férreas aumentaron este año 119 por ciento respecto al anterior, en un promedio de duración de 12 días.
El objetivo es coadyuvar a dotar de las herramientas necesarias para que las y los ciudadanos cuenten con mayor seguridad y se evite el desorden, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios de las vías generales de comunicación y atender este fenómeno que daña al Estado y a la sociedad.